PACTO REGIONAL POR LA BÚSQUEDA DE LAS PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

El conflicto armado en Colombia ha dejado más de 120 mil personas desaparecidas aproximadamente. Una cifra que supera las desapariciones registradas en las dictaduras y conflictos de Latinoamérica, algunos de estos países son Argentina, Chile y Guatemala, que cuentan respectivamente con 30.000, 10.000 y 45.000 personas desaparecidas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, a la fecha se han registrado 113.442 personas que continúan desaparecidas, de las cuales el 63,9% son víctimas de desaparición forzada, el 20,7% fueron secuestradas y el 15,3% reclutadas de manera ilegal. Esto, sin contar con el alto subregistro que puede existir de personas desaparecidas no reportadas, como, por ejemplo: personas que participaron en las hostilidades que se encuentran desaparecidas.

Según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica – OMC los departamentos  con el registro más alto de desapariciones son: Antioquia, Meta, Cesar, Caquetá, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar y Nariño. Este es un hecho que ha afectado a miles de familias y comunidades en múltiples municipios del país. La desaparición produce angustia y zozobra de manera prolongada y altera los proyectos de vida de familias completas, causando daño transgeneracional y afectando no solo sus núcleos primarios, sino también, sus procesos comunitarios y sociales, los cuales han perdido día tras día a sus líderes y lideresas, ocasionando rupturas significativas de los tejidos sociales, culturales, económicos, políticos e identitarios. Pese a los grandes impactos de este fenómeno las familias han sido resilientes, han mantenido su dignidad en alto y no han cesado de buscar mecanismos y estrategias para encontrar a los suyos.

El departamento de Nariño está ubicado al suroccidente del país, limita al norte con Cauca, al oriente con Putumayo, al occidente con el océano Pacífico y al sur con Ecuador, país con el cual compartimos una frontera, estas características convierten al departamento en un lugar geoestratégico en disputa permanente de todos los actores del conflicto armado desde hace muchos años, lo que ha dejado centenares de víctimas de desaparición y un sin número de vulneraciones y afectaciones a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y a los derechos colectivos y étnicoterritoriales.

Según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica – OMC, la desaparición en el departamento de Nariño asciende a 4724 personas dadas por desaparecidas, de estas 2325 fueron desaparecidas forzadamente, 653 personas reclutadas y 1746 secuestradas. En 10 de los 63 municipios de Nariño se concentró el 73% de los registros asociados a la desaparición (San Andrés de Tumaco, Policarpa, Barbacoas, Pasto, Samaniego, El tablón de Gómez, El Charco, Ricaurte, Ipiales y Los Andes) en el Suroccidente de la Región en Tumaco y Barbacoas se cuenta con 792 y 500 desapariciones respectivamente, municipios que concentran el 28% de las desapariciones del departamento.

La desaparición en el departamento de Nariño incluye una de las formas de desaparición que profundiza los agravantes de este fenómeno, la desaparición transfronteriza, cuando se superan los límites territoriales, se plantean desafíos adicionales por el involucramiento de actores por fuera del territorio nacional con quienes es indispensable establecer contacto y coordinación. Las familias y organizaciones han expresado reiteradamente la necesidad de realizar una búsqueda con enfoque territorial diferencial y apoyo institucional para materializar sus derechos. Es por ello que la UBPD por medio de este Pacto seguirá avanzando para que se concreten canales de comunicación eficientes y oportunos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener apoyo que facilite el diálogo sobre la búsqueda humanitaria y extrajudicial entre autoridades nacionales con competencia en la búsqueda y autoridades y organizaciones extranjeras.

Esta dimensión de la desaparición, producto del conflicto armado en Nariño, nos demuestra que es necesario un esfuerzo mayor como sociedad colombiana para que de manera articulada, amplia y diversa invitemos a toda la ciudad a reconocer, apoyar y acompañar a quienes buscan a sus seres queridos priorizando la búsqueda en sus agendas públicas, sociales e institucionales.

La suscripción de este pacto no solo es un acto de solidaridad, sino también de responsabilidad y humanidad para con las víctimas y sus familias con el propósito esencial de apoyarles en su búsqueda y así contribuir a la reparación a fin de que puedan elaborar sus duelos postergados. Esta es una de las potencialidades y oportunidades que hoy nos ofrece el Acuerdo de Paz.

En este sentido, como lo indica la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la desaparición es una violación de derechos humanos de carácter pluriofensivo y continuado que atenta contra la dignidad de la persona y vulnera sus derechos a la libertad e integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

La desaparición de personas en Nariño se ha generado en diferentes momentos históricos, especialmente se concentraron el 76% de los hechos entre 2000 y 2003, para producir control, expropiación y delimitación territorial, situación que no solo afecta sus familias sino al tejido social al fragmentar y  desarticular los procesos organizativos y de participación colectiva, precarizando las condiciones de vida de familias y grupos sociales específicos, así como la afectación de los derechos colectivos y étnicoterritoriales de las comunidades negras e indígenas de  estos territorios.

El propósito con la firma de este pacto es fortalecer el estado social de derecho, por medio de la legitimidad de las instituciones con competencia en la búsqueda dentro y fuera del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, brindando respuestas articuladas y coordinadas entre las instituciones y garantizando la participación permanente de las personas que durante años han buscado a sus seres queridos.

Las autoridades locales, junto a las instituciones involucradas en actividades relacionadas con la búsqueda como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tenemos una responsabilidad enorme con las buscadoras y buscadores, quienes durante más de cuatro décadas han luchado por el reconocimiento y la garantía de sus derechos para encontrar a sus seres queridos. A estas responsabilidades institucionales deben sumarse los esfuerzos y contribuciones de distintos actores en el territorio: las organizaciones sociales, los consejos comunitarios de comunidades negras, los cabildos y resguardos indígenas, la cooperación internacional, la iglesia, la academia, los medios de comunicación, los aportantes de información, especialmente, los firmantes del Acuerdo de Paz, entre muchos otros.

Hoy la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, junto a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia están promoviendo una gran convergencia territorial en Nariño, para que desde el lugar o rol desempeñado aportemos a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas de y en este territorio.

Por todo lo anterior y frente a los enormes retos y riesgos, exacerbados por el contexto de pandemia, que enfrentan las víctimas de desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y quienes participaron en las hostilidades cuya suerte y paradero se desconoce y ante todo reconociendo los impactos que han tenido que vivir las familias por la prolongación de la angustia y sufrimiento, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, la doctora Luz Marina Monzón Cifuentes, la Representante en Colombia  de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, la Alcaldesa del Distrito de Tumaco, María Emilsen Angulo Guevara, el Subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño Jose Amilcar Pantoja Ipialesinvitan a suscribir el “Pacto por la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas del departamento de Nariño” a las y los Nariñenses, a los consejos comunitarios, a las organizaciones de familiares, víctimas y derechos humanos, a la academia, a la cooperación internacional, entidades estatales, locales y distritales y a las familias que han realizado una ardua e histórica labor de búsqueda.

Este pacto se suscribe bajo un principio ético y humanitario para aliviar el sufrimiento y contribuir en equidad y solidaridad al dolor que viven miles de familias, construyendo por esta vía la convivencia en el territorio:

Mandatos del pacto

  1. Contribuir desde nuestras acciones a la comprensión del significado de la desaparición y de sus impactos en la vida de las familias víctimas de la desaparición de un ser querido en el contexto y en razón del conflicto armado, para generar conciencia de la relación que tenemos todos los colombianos y colombianas con la desaparición.
  • Realizar todas las alianzas y esfuerzos para que de forma articulada como Estado y sociedad se dé respuesta y así contribuir a la equidad y solidaridad, bajo el principio de colaboración armónica.
  • Propender por construir una ruta hacia nuestro propósito común humanitario: encontrar a las personas dadas por desaparecidas, para aliviar el dolor y establecer como medida reparadora la búsqueda, teniendo como base, la experiencia de las personas buscadoras, así como, de las organizaciones que históricamente han persistido en la búsqueda en el departamento de Nariño.
  • Dignificar la labor de las buscadoras y los buscadores de personas dadas por desaparecidas para fortalecer y visibilizar sus acciones, garantizando siempre los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y garantías de no repetición, así como sus derechos a buscar, ser buscado y a participar en el proceso.
  • Visibilizar las acciones humanitarias implementadas por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, producto del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera”, así como, las acciones de Búsqueda realizadas como Estado de manera articulada.
  • 6.      Construir estrategias conjuntas entre Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, las entidades competentes,  las familias y organizaciones sociales presentes en el territorio, para que de manera concertada, oportuna y correcta se aborde la búsqueda, teniendo presente los enfoques diferenciales étnicos y territoriales, que demandan la construcción e implementación de planes y programas adecuados y pertinentes.
  • Impulsar estrategias de búsqueda binacionales entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, las entidades competentes, las familias y organizaciones sociales presentes en el territorio, que permitan entender las dinámicas de la desaparición en la frontera con Ecuador y fortalecer procesos y redes de búsqueda transfronteriza con el fin de dar una respuesta integral a las familias que buscan personas en la frontera sin importar su nacionalidad.    
  • Promover el “Pacto por la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas del departamento de Nariño” que permita buscar de manera coordinada y articulada. Nos encontramos en un momento propicio para que los colombianos y colombianas, a pesar de las diferencias, nos unamos contra esta atrocidad, la vida de miles de víctimas no puede seguir suspendida en una eternidad de duda y dolor, desde el lugar en el que nos encontremos podemos contribuir.

Quienes convocamos la suscripción de este pacto, animaremos e impulsaremos acciones, encuentros y reflexiones para ampliar la firma de este “Pacto por la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas del departamento de Nariño” entre autoridades locales, Distritales y nacionales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas/os, movimientos sociales, sectores económicos, gremios, académicos y toda la ciudadanía en general.

Este pacto, que avanza por la búsqueda, se fortalece hoy. Invitamos a todas las víctimas, organizaciones, instituciones locales, Distritales y del orden nacional para que expresen cómo contribuirán a la búsqueda al suscribir este pacto.

Distrito de Tumaco, 8 de julio de 2021

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